Mélida N.
Vázquez
El pasado
27 de agosto a través de un desplegado a nivel nacional, las principales
universidades y organismos de empresas privadas de Puebla se manifestaron en
contra de la Ley anti Bronco, aprobada el 22 de agosto por el Congreso del
Estado, la cual representa un freno para la participación de los ciudadanos en
la esfera política.
Destaca
la participación de organismos privados en la protesta, al contrario, las
instituciones públicas brillan por su ausencia. La Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, principal casa de estudios del estado, no firmó el
comunicado, ni ninguna otra universidad pública hizo. Incluso muchos los
principales organismos públicos no aparecen, su presencia es mínima.
Las
instituciones públicas, portadores de la voz popular deberían ser las primeras
en manifestarse contra la ley, pues ésta representa un obstáculo al
desarrollo de la participación ciudadana y su inclusión en decisiones
gubernamentales. Sin embargo, el caso es el contrario.
Esto no
es raro, pues muy pocas personas conocen a profundidad la ley y las políticas
que de ella derivan. Existe una gran desinformación respecto al tema en el
estado.
La Ley
anti Bronco representa un candado para las candidaturas independientes en el
estado, pues los muchos requisitos dificultan la nominación como
candidato a los interesados. Como es el reunir un 3% de firmas de
apoyo en un periodo de 20 dias.
Pero también
quienes decidan apoyar a los candidatos independientes deberán cumplir ciertos
requisitos, pues deberán comparecer ante los órganos electorales de manera
personal, llevando el original y copia de su credencial para votar.
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